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Diluyendo las Divisiones

October 4, 2004 | Report

By Adam Isacson, Joy Olson, Lisa Haugaard

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La relación militar entre EE UU y América Latina está cambiando rápidamente a medida que la guerra contra el terrorismo va reemplazando a la guerra fría y la guerra contra las drogas como la misión principal de los programas de asistencia estadounidense hacia la región. Si bien la atención de EE UU está puesta en otras partes del mundo, el alcance de la ayuda militar dentro de nuestro propio hemisferio está aumentando en forma sostenida.

Esta tendencia ascendente tiene poco que ver con las medidas que se vienen adoptando a partir del 11 de septiembre para proteger la nación del accionar de organizaciones terroristas internacionales. Este aumento proviene, más bien, de los programas antinarcóticos y de entrenamiento militar para Colombia de gran similitud a la asistencia militar que ha ofrecido Estados Unidos desde hace décadas.

La cantidad de efectivos latinoamericanos entrenados por Estados Unidos se incrementó en más del 50 por ciento de 2002 a 2003. Gran parte de este aumento está conformado por colombianos que son entrenados a medida que el Plan Colombia es llevado a la práctica y se transforma en una herramienta de lucha contra la insurgencia de mayor escala.

Estados Unidos continúa fomentando prácticas, programas y doctrinas militares tendientes a eliminar la línea divisoria entre las funciones civiles y militares, en especial la creación de nuevas misiones militares dentro de las propias fronteras de los países. Esta tendencia plantea una pregunta para la cual es cada vez más imperioso dar una respuesta: ¿Qué pasó con la línea divisoria entre las funciones civiles y militares?

No se trata de una pregunta académica. Va al fondo de la democracia—donde debe existir una división clara entre las esferas civiles y militares. En la mayoría de las democracias que funcionan, los militares—que toman decisiones dentro de una estructura jerárquica vertical—se dedican a la seguridad externa y dejan las cuestiones políticas y de desarrollo a las autoridades civiles elegidas democráticamente.

Borrar esta distinción—por ejemplo, dejando que los militares se encarguen de combatir delitos o asuman otras funciones que pueden cumplir los civiles—implica el riesgo de que se politicen las fuerzas armadas, lo que a su vez induce a los militares a utilizar (o a amenazar con utilizar) su monopolio de armas cada vez que no están de acuerdo con lo que piensa la mayoría civil. La utilización de las fuerzas armadas para funciones policiales puede llevar a un uso excesivo de la fuerza. Es de destacar que cuando las fuerzas armadas de América Latina se enfrentaron con un enemigo interno, la definición de enemigos incluyó a opositores políticos al régimen en el poder, aún cuando se tratara de los que trabajaban dentro del sistema político como activistas, periodistas independientes, sindicalistas o dirigentes de partidos políticos de la oposición.

Las funciones civiles-militares tradicionales se están desdibujando no sólo en el ámbito internacional, a través de programas para militares latinoamericanos, sino también hacia adentro de EE UU, en la formulación de la política exterior. Los recursos y las responsabilidades están pasando del Departamento de Estado al Pentágono, y así pues el Comando Sur de EE UU tiene cada vez más poder y un perfil más alto.

La Ley de Asistencia Exterior (Foreign Assistance Act) de 1961 estipula que el Departamento de Estado, no el Pentágono, es el organismo que debe fijar la política y tomar las decisiones en temas de programas de asistencia militar, que están supeditados a una serie de condiciones en materia de derechos humanos y democracia. En tanto el Pentágono y el Comando Sur de EE UU son quienes en forma creciente establecen las prioridades en las relaciones entre EE UU y América Latina, las consideraciones de derechos humanos y otras más integrales relacionadas con la política exterior están siendo relegadas.

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