Research: Commentary

Ponencia sobre Plan Colombia dada por Adam Isacson el sábado 16 del 2001 en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en Bogotá

September 16, 2001 | Speech

By Adam Isacson

Buenos días, debo empezar por agradecer profundamente a la ESAP y a los organizadores de este excelente evento. Yo trabajo en una ONG en Washington que se llama el Centro para las Políticas Internacionales, donde monitoreo las relaciones que Estados Unidos mantiene con los militares de toda América Latina.

A finales de mil novecientos noventa y siete este trabajo nos llevó a Colombia, cuando nos dimos cuenta de que la ayuda militar para Colombia más o menos se estaba duplicando cada año.

Pero hoy en día estamos hablando de un nivel de cooperación militar que yo ni siquiera hubiera podido imaginar hace cuatro años. En estos momentos Colombia recibe aproximadamente ocho de cada diez dólares de la ayuda militar estadounidense que va al hemisferio entero. Esto representa aproximadamente un millón y medio de dólares diarios.

En un rato volveré a los números. Primero debemos empezar con el muy usado término "Plan Colombia." ¿De dónde vino?

El "Plan Colombia" ha estado con nosotros desde mediados de mil novecientos noventa y ocho, cuando el Presidente Pastrana presentó un paquete de ayuda social y económica para las áreas rurales de Colombia. Ese plan fue un especie de "Plan Marshall" que dependería en gran medida de las contribuciónes del exterior.

Pero ese plan nunca logró despegar ya que no fue recibido con entusiasmo en Europa y especialmente en los Estados Unidos. Para los Estados Unidos este plan era demasiado vago y utópico, además no ofrecia una solución rápida a los intereses que más le importan a los estadounidenses, como lo son la guerra antidrogas, el estrechamiento de los lazos militares, y la estabilidad de una región de países con gobiernos elegidos (y tal vez democráticos), capitalistas y abiertos a la economía mundial.

Nadie ni se atrevió de mencionar la posibilidad de sacar este plan del Congreso republicano en Washington. A mediados de mil novecientos noventa y nueve, las palabras "Plan Colombia" ya no se escuchaban.

Pero otras cosas estaban pasando a mediados del año noventa y nueve. El proceso de paz con las FARC empezó a tambalear. La guerrilla mató a los tres indigenistas estadounidenses en Arauca. La renuncia de Rodrigo Lloreda demostró la inconformidad de los militares con el rumbo del proceso de paz. Las FARC lanzaron una enorme ofensiva en julio. Ese mismo mes, el nuevo ministro de defensa y el alto comando vinieron a Washington pidiendo quinientos millones de dólares en ayuda militar. Algunos oficiales estadounidenses, en particular el Zar Antidrogas Barry McCaffrey, empezaron a tomar un fuerte interés.

En agosto del noventa y nueve, el número tres en el Departamento de Estado, Thomas Pickering, vino a Bogotá con McCaffrey. Según el Washington Post, Pickering y McCaffrey "le dijeron a Pastrana que incrementarían fuertemente la ayuda si él desarrollara un plan comprensivo para fortalecer las fuerzas armadas, parar la caída de la economía y luchar contra el tráfico de drogas." [Fuente]

Como resultado, dentro de seis semanas, empezó a circularse un nuevo "Plan Colombia." Su primera versión fue dada a conocer en inglés. Había mucha especulación de que se escribió en la calle C en Washington, la sede del Departamento de Estado. (Pero Gabriel Marcella de la Escuela de Guerra del Ejército Estadounidense nos informa que "Jaime Ruiz, el jefe del personal de Pastrana, que tiene un doctorado de Louvain y licencia en ingeniería de la Universidad de Kansas, quien tiene una esposa americana y habla inglés perfecto, escribió el Plan en inglés en una semana." [Fuente])

Dejemos a un lado por un momento el hecho que un plan para desarrollar un país entero fue escrito en una semana por una sola persona. El hecho es que el Plan Colombia no estuvo siquiera disponible en español hasta febrero del dos mil. El entonces gobernador del Putumayo, el departamento más afectado por el nuevo plan, ni siquiera vio el documento hasta abril del dos mil, cuando él compró una copia en la librería del aeropuerto El Dorado antes de visitar Washington.

El nuevo plan se distingue del original principalmente en que contiene algunos elementos nuevos que parecen responder directamente a los intereses estadounidenses. Hay mucho más énfasis en el fortalecimiento del estado, particularmente las fuerzas armadas. Pero lo que más se destaca en el nuevo plan es la lucha antidrogas. Si incluimos los programas de desarrollo alternativo, la lucha antidrogas comprende noventa por ciento de la contribución estadounidense al Plan Colombia.

Los oficiales del gobierno colombiano insisten que el Plan Colombia en su conjunto es veinticinco por ciento militar y setenta y cinco por ciento económico y social.

Pero la contribución de Washington al Plan es al revés: ochenta por ciento de la ayuda para el dos mil y dos mil uno beneficiará a los militares y la policía

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El paquete de ayuda se hizo ley en Julio del dos mil. Esta ley autoriza un monto de mil trescientos millones de dólares para los años dos mil y dos mil uno. Colombia recibe ochocientos sesenta millones de dólares, una vez que se quitan los incrementos para las agencias antidrogas de nuestro gobierno, la ayuda a los países vecinos, y un misterioso programa secreto de cincuenta y tres millones de dólares por la inteligencia. Hay que mencionar que a estos nuevos ochocientos sesenta millones se deben agregar trescientos treinta millones de dólares en ayuda ya planeada para estos dos años.

La propuesta para el año dos mil dos del gobierno de Bush anticipa un presupuesto de aproximadamente quinientos nueve millones de dólares en un solo año. Alrededor de setenta y un por ciento va para las fuerzas de seguridad colombianas.

Este año, lo están llamando la "Iniciativa Regional Andina." Pero la política no está cambiando con el nombre. Solo por medio de esta iniciativa se busca dotar con más ayuda a los países vecinos. En Colombia, están buscando continuar los programas que ya están empezando.

La ayuda militar financia una amplia gama de actividades con las fuerzas militares colombianas para poder continuar llevando a cabo la política de línea dura antidrogas, concentrándose en la interdicción y especialmente en las fumigaciones aéreas. Las Fuerzas Armadas recibirán ayuda en logística e inteligencia, asesoría a un proceso de reforma militar, aviones y radares, armas, equipos, combustible, y más ayuda a la policía.

Dentro del presupuesto también hay plata para proyectos de desarrollo alternativo, atención a los desplazados, reforma judicial, estado de derecho y derechos humanos. Para estos programas habrán aproximadamente cuatrocientos millones de dólares para un plazo de tres años, del dos mil al dos mil dos. En estos mismos tres años los Estados Unidos suministrará casi mil cuatrocientos millones de dólares en ayuda a las fuerzas armadas, la policía y los programas de fumigación.

Dentro de todo esto hay una iniciativa en particular que nos llama mucho la atención.

La gran mayoría del componente militar está dirigida a una iniciativa que el gobierno estadounidense a denominado la "ofensiva al sur de Colombia" (o el Push into Southern Colombia).

Esta estrategia ya ha creado una nueva brigada antinarcóticos dentro del Ejército Colombiano, con dos mil trescientos hombres en tres nuevos batallones. El tercer batallón cumplió su entrenamiento el pasado veinticinco de mayo en la base de Larandia cerca de Florencia, con la ayuda del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense. La brigada contará con quince helicópteros "Blackhawk" y cuarenta y cinco helicópteros "Huey." Los Blackhawk valen aproximadamente quince millones de dólares cada uno.

En el pedido de ayuda para el dos mil dos, no se encuentran nuevos batallones ni helicópteros. Es por esta razón que la ayuda para el próximo año se ve más pequeña.  Una de las razones radica en que los helicópteros en el último paquete ni siquiera han comenzado a entregarse. Los primeros Blackhawk llegarán en julio, y los primeros Huey mejorados en octubre.

Esto representa un cambio enorme.

Antes de aproximadamente el año mil novecientos noventa y nueve, casi toda la ayuda estadounidense era canalizada a la policía nacional colombiana, especialmente durante los años de la descertificación.

La explicación radica en que hasta hace poco, Colombia no era considerado como un centro para la cultivación de la coca. Era un centro del procesamiento y contrabando de la droga, pero las matas se cultivaban en Bolivia y Perú.

A mediados de los noventa se hizo más difícil cultivar la coca en Bolivia y Perú. Los grandes carteles con redes internacionales ya no existían. Programas de desarrollo alternativo en Bolivia y Perú estaban teniendo algunos resultados positivos. Y el ya notorio programa peruano de interdicción aérea hizo más difícil el traslado de la pasta de coca a Colombia para su procesamiento.

Claro que los narcotraficantes no se dieron por vencidos, ya que la demanda en los Estados Unidos y Europa se mantenía.  La cultivación de la coca simplemente se ubicó en Colombia, el mismo lugar en que anteriormente era procesada a cocaína. Hoy en día Colombia cultiva más coca que cualquier otro país.

A mediados de los noventa, los cultivos en Colombia se concentraron en su mayoría en el departamento del Guaviare. Desde finales de mil novecientos noventa y cinco, el gobierno estadounidense ha mantenido un programa de fumigaciones en San José del Guaviare. (Las fumigaciones son una estrategia que nunca se implementó de manera significativa en Bolivia y Perú.) Aviones pertenecientes al Departamento de Estado vuelan diariamente sobre esta zona, aplicando glifosato sobre los cocales y todo lo que exista a su alrededor.

Los pilotos de los aviones de fumigación trabajan para una compañía privada, de nombre Dyncorp, contratado por el Departamento de Estado. (Dyncorp también sub-contrata otras compañías.)

Los pilotos trabajan en un ambiente arriesgoso, dado que las FARC son activos en Meta, Guaviare y Caquetá y disparan a los aviones. Por eso, estos aviones son acompañados por helicópteros y aviones de la policía colombiana. Estos aeronaves también llevan contratistas, que sirven como copilotos o personal de búsqueda y rescate.

Debido a que los contratistas no representan de manera formal al gobierno de los Estados Unidos, estos son una fuente de controversia. Existe una falta de "accountability" y acceso a información sobre sus actividades. Hay preocupación que están involucrados en misiones peligrosas muy cercanas al conflicto, como el caso del equipo de búsqueda y rescate que se encontró en medio de un tiroteo con las FARC en Curillo, Caquetá, en febrero.

Los Estados Unidos cometió un grave error en el Guaviare. Fumigó por años sin ofrecer a los campesinos afectados ni un peso de ayuda en desarrollo alternativo. El resultado previsible era que el monto total de cultivos de coca en el país seguía creciendo, y que el epicentro de los cultivos se trasladaría hacia el sur, al interior de la selva, al territorio controlado más completamente por las FARC.  Por esta razón hacia mil novecientos noventa y nueve el Putumayo ya había llegado a convertirse en el centro de la coca.

En Washington se decidió que el control que las FARC ejercía en el Putumayo era demasiado fuerte para una sencilla expansión del programa de fumigación. El gobierno de los Estados Unidos dirijo su atención al ejército colombiano.

En diciembre del noventa y ocho, mientras el primer Plan Colombia estaba muriendo, los entonces ministros de Defensa de los dos países, Cohen y Lloreda, acordaron formar un nuevo batallón antinarcóticos en el ejército, pagado casi completamente por los Estados Unidos. El primer batallón empezó su entrenamiento en abril de mil novecientos noventa y nueve. Poco después llegó a ser la pieza clave de la contribución estadounidense al Plan Colombia. Así llegamos a la actualidad.

Bueno. Lo que acabo de describir parece un plan elaborado en unas oficinas en Bogotá y Washington y sin consultar a las comunidades afectadas - y eso es exactamente lo que es. Les confieso que no tengo ninguna idea de cómo es que esperan que este plan tenga éxito.

No entiendo por qué piensan que las FARC-- que han dominado en el Putumayo desde hace décadas-- serán vencidos por unos dos mil trescientos hombres con pocos meses de capacitación.

El propósito oficial de la brigada antinarcóticos es crear las condiciones de seguridad necesarias para poder llevar acabo  las operaciones antidrogas en el Putumayo. Obviamente, la razón principal del por qué las fumigaciones son inseguras se debe a la presencia de frentes de las FARC en la zona. Al hacer esta conexión, descubrimos que por primera vez en muchos años los Estados Unidos está financiando operaciones ofensivas en contra de grupos guerrilleros colombianos.

Mientras el fin son las operaciones antinarcóticos, las medios requieren la eliminación de la presencia guerrillera de territorio colombiano -- algo muy parecido a la contrainsurgencia.

También suponen muchos en Washington que la ofensiva al sur de Colombia puede de alguna manera contribuir al proceso de paz.  Ellos asume que si se les cortan los ingresos provenietes de la droga, las FARC se verán debilitados y por lo tanto se mostrarán mas conciliadores en las negociaciones.

Pero ¿puede este plan hacer todo eso? Yo leo los periódicos, por lo tanto sé que el Putumayo es una zona altamente conflictiva.  Las fuerzas armadas colombianas son casi un actor marginal en esta área. Se estima que hay aproximadamente dos mil guerrilleros en el departamento. La fuerza pública ha sido derrotada fuertemente a tan solo cien kilómetros de la base de Tres Esquinas; ejemplos claro de esto lo son El Billar y Las Delicias. Además, la guerrilla conoce mejor el terreno y los pobladores de la zona, que son una importante fuente de inteligencia.

Estas dudas son compartidas por el congresista republicano Benjamin Gilman, quien en noviembre escribió una carta a McCaffrey donde dijo que "es evidente que el ejército colombiano es incapaz de controlar ni una sola parte de este territorio infestado de guerrillas y coca, ni ya ni en el futuro cercano. Ciertamente, tres nuevos batallones antinarcóticos por sí mismos no cambiarán este gran desbalance en el campo de batalla." [Fuente]

Los nuevos batallones apenas han empezado sus operaciones, sin sus nuevos helicópteros. Las fumigaciones en Putumayo a principios del año en su mayoría se hicieron en zonas controladas por los paramilitares, quienes no están disparando. Es decir hasta el momento los nuevos batallones no han sido sometidos a su primera prueba.

La gran preocupación radica en que en un año los batallones no lograran "asegurar" el Putumayo, y tal vez sufrirían algunos reveses. Si esto pasa, un mayor involucramiento estadounidense sería muy posible.

Muchos temen que, si este plan no resulta exitoso, el próximo paso sería una escalada. No me gusta la comparación con Vietnam -- es imposible imaginar tropas estadounidenses en las selvas colombianas -- pero me preocupa de sobremanera pensar en cómo se llevaría a cabo un escalamiento. Además la ofensiva al sur de Colombia parece mucho el tipo de paso tentativo, sin claridad de objetivo, que Vietnam debe habernos enseñado a no repetir.

Pero olviden por un momento lo que acabo de decir. Imaginen que la "ofensiva al sur" sea un gran éxito y cada mata de coca pueda ser erradicada del Putumayo.  No existe nada en el plan actual que garantice que la coca no se traslade a otra parte del país. Hay muchos llanos y selvas al oriente y el sur de los Andes. Hay muchas zonas de cultivos controlados por los paramilitares en el norte. Y también hay muchas zonas desatendidas al otro lado de las fronteras en Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil.

No más en los últimos años hemos visto el traslado de los cultivos desde Perú y Bolivia hacia el Guaviare y ya al Putumayo. Mientras que en Colombia exista una sobreoferta de campesinos económicamente desesperados, y mientras los países desarrollados siguen demandando de manera  insaciable las drogas, las matas de coca continuarán migrándose.

Como dije, las fumigaciones en el Putumayo -- el primer paso de los Estados Unidos como parte del Plan Colombia – se llevaron a cabo entre Diciembre y Febrero. Casi inmediatamente, vimos el desplazamiento de los cultivos. En marzo el New York Times informó sobre la situación en Llorente, Nariño, una zona que los habitantes están llamando "el pequeño Putumayo." Según el Times, "Los oficiales en Nariño han dicho que la fumigación aérea [en el Putumayo] que empezó en diciembre, ha desplazado a los cultivadores de la coca, y también a los rebeldes izquierdistas y los paramilitares, enviándoles a la región anteriormente tranquila alrededor de Llorente." [Fuente]

Pero esto no es todo. Yo visité el Putumayo en Marzo y vi que las fumigaciones han traído otros efectos muy nocivos. [Ver informe]

Vi con mis propios ojos los proyectos de desarrollo alternativo destruidos, y hablé con doctores quienes vieron un gran incremento en enfermedades respiratorias, gastrointestinales y brotes de piel.

También hablé con muchas familias campesinas en esta supuesta zona "industrial," la mayoría de quienes perdieron toda su comida cuando fumigaron la coca. Muchos de ellos se encuentran aguantando hambre. Pero muchos otros están reubicándose y sembrando coca en otras zonas.

Los gobiernos colombiano y estadounidense se vieron con mucha prisa en establecer la nueva brigada y arrancar con las fumigaciones. Sin embargo, el desarrollo alternativo no se ha manejado con la misma urgencia.

En la zona que no es considerada "industrial," el gobierno colombiano, apoyado por Estados Unidos, está estableciendo "Pactos Sociales" con los pobladores. Si erradican voluntariamente sus cultivos ilícitos, ellos recibirán ayuda técnica y financiera y mejoramientos a la infraestructura de sus comunidades. Pero si no hacen esto dentro de doce meses, ellos serán sometidos al programa de fumigación.

Cuando estuve en Putumayo en marzo, hablé con gente que firmó los primeros pactos en diciembre. Cuatro meses después, no les había llegado ni un centavo. Se sienten engañados y llenos de desconfianza. De hecho, el estado se ha visto aún más debilitado después de las primeras operaciones antidrogas en el Putumayo.

Además, me preocupa que la ofensiva al sur de Colombia tendrá un impacto negativo en el área de los derechos humanos, especialmente para los pobladores del Putumayo y Caquetá.

Primero, al nivel nacional, un millón y medio de dólares diarios en asistencia militar arriesga agravar la violencia ya generalizada del país. En el largo plazo la estabilidad democrática también se puede ver amenazada por un paquete de ayuda que le da a una parte del estado – las fuerzas militares – muchísimo más recursos y apoyo político que a las mismas instituciones civiles.

Tal vez aun más graves son las acciones (o falta de) en el área de derechos humanos. Aunque han habido mejoras, fuentes creíbles como la Alta Comisionada de las Naiones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Departamento de Estado y otras nos informan que, especialmente entre los bajos rangos, la colaboración militar-paramilitar sigue. A la misma vez, los que enfrentan acusaciones de violaciones siguen disfrutando de un nivel preocupante de impunidad.

Me preocupa el efecto que el paquete de ayuda tendrá en la política de derechos humanos de los Estados Unidos en Colombia.  Algunos dicen que una relación mas cercana entre los ejércitos le dará a Washington más influencia sobre el desempeño de las fuerzas armadas colombianas. Pero es más probable que los oficiales estadounidenses tomen una línea más suave.

Sin embargo, es cierto que en agosto y enero el Departamento de Estado tuvo que admitir que no podía certificar que las fuerzas armadas colombianas satisfacen unos estándares básicos en derechos humanos dentro de la ley colombiana. No pudieron certificar que militares colombianos acusados por violaciones están siendo procesados por cortes civiles. No pudieron certificar que las fuerzas armadas están cooperando con investigaciones civiles de violaciones. No pudieron certificar que el gobierno colombiano está enjuiciando a los paramilitares y los militares que los ayudan.

Este nos trae a la situación en el Putumayo. Hay razón para creer que la "ofensiva al sur" puede tener consecuencias desastrozas para la población civil no combatiente de la zona.  El paquete propuesto el año pasado se esperaba el desplazamiento forzado de diez mil de los trescientos veinte mil residentes del Putumayo, como resultado de las operaciones financiadas por Washington. En un informe de mayo de dos mil, el Senador Joseph Biden, quien apoya la política actual, previó al menos treinta mil personas desplazadas de sus hogares [Fuente], y organizaciones prominentes de derechos humanos, como CODHES, preveen a más de cien mil.

También existen razones de preocupación en cuanto a que la "ofensiva al sur" puede contar con la colaboración de los grupos paramilitares. Desde mil novecientos noventa y ocho las autodefensas han ido tomándose los cascos urbanos en el Putumayo. Me preocupa la posibilidad de que estos grupos están haciendo más fácil la "ofensiva" para las autoridades.  El año pasado un comandante paramilitar de nombre "Yair" le dijo a Reuters que su grupo "tal vez encabezará la ofensiva, vaciando las fortalezas de la guerrilla y después cediendo el territorio al ejército." [Fuente] Tenemos que hacer todo lo posible para garantizar que esto no pase.

También son preocupantes las frecuentes noticias sobre los lazos entre los militares y los paras en el Putumayo. En el último año hemos escuchado alegaciones de reuniones frecuentes, toleración de una presencia paramilitar muy abierta -- yo soy testigo de ese fenómeno -- y también hemos escuchado alegaciones en algunos periódicos estadounidenses sobre una coordinación activa entre los paramilitares y el ejercito, logrando así garantizar la seguridad de las mismas fumigaciones.

Es difícil recibir información creíble del Putumayo, ya que la presencia de los grupos al margen de la ley ha hecho demasiado peligroso el trabajo a favor de los derechos humanos. La zona es un agujero negro de información. Nosotros dependemos en gran medida de las buenas investigaciones periodísticas.  El informe del veintiséis de agosto por Jeremy McDermott del BBC debe ser resaltado:

    "Estuve tratando de contactar a los paramilitares que controlan la ciudad [de Puerto Asís] y algunas de las veredas cercanas. ... Encontrarlos no fue tan difícil. A pesar del hecho de que el estado colombiano niega que hay lazos entre ellos y los escuadrones de muerte derechistas, su cuartel general en Puerto Asís está localizado a cinco minutos en carro de la base local del ejército, en una villa lujosa. Para llegar allí solo subí un taxi y le pedí al conductor que me llevara a la base de los paramilitares, como si yo supiera dónde está y fuera algo que hago todos los días. Él ni siquiera parpadeó, solo prendió el carro y pasó por las calles llenas de huecos, pasando el retén del ejército en la vía al campo afuera del casco urbano." [Fuente]

Esto está pasando en medio de lo que será el punto cero del "ofensiva al sur de Colombia."  Esto no puede seguir sucediendo,  o somos todos los que vamos a sufrir las consecuencias de esta complicidad.

Hemos estado advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre el efecto que la "ofensiva al sur" tendrá sobre el  tambaleante proceso de paz colombiano.  La mera posibilidad de que una ofensiva de este tipo se lleve a cabo simplemente ayuda a poner en entredicho el proceso. Es muy difícil imaginar cómo estas negociaciones podrán avanzar mientras que un poder extranjero financia una intensificación de la violencia. Como advertimos, el paquete de ayuda también ha polarizado aún más a la línea dura de aquellos que se oponen a un proceso de paz.  De por si ambos lados ya tienen fuertes razones de cuestionar la voluntad de paz del otro.

También debemos estar preocupados por la reacción al Plan Colombia en Europa. En vez de una política multilateral de apoyo a Colombia, ya hay dos estrategias bilaterales y no paralelas. Por un lado, hay una asociación entre Colombia y los Estados Unidos a favor de un Plan Colombia en su mayoria militar. Del otro lado, hay una asociación más pequeña entre Colombia y Europa que busca ayuda económica a favor del proceso de paz.

Como demuestra el gráfico, la contribución estadounidense al Plan Colombia desanimó fuertemente a los demás donantes extranjeros, haciendo que su contribución al Plan Colombia fuera menos de la mitad de lo que se había esperado.

Ya que Europa no fue consultada en el diseño del plan, este ha escogido contribuir a menor escala y enfocarlo en otras prioridades. La desaprobación europea llegó a tal punto que en febrero el Parlamento Europeo hizo una resolución en donde declaraba que "el Plan Colombia contiene aspectos que son contrarios a las estrategias de cooperación y proyectos ya comprometidos por la Unión Europea, y que ponen en peligro sus programas de cooperación."

Creo que todo esto ha mostrado que el Plan Colombia, como actualmente concebido, tiene graves fallas. El país necesita urgentemente otro curso de acción, algo que puede contribuir a mejorar el ambiente para el desarrollo de una cultura de paz.

El primer paso a tomar es que tanto los Estados Unidos y Europa limpien sus propias casas.

Tenemos que enfocarnos más en reducir nuestra propia demanda para las drogas. Aunque hasta diez por ciento de la población estadounidense abusa la cocaína o el heroína de vez en cuando, es una porción mucha más pequeña – el dos o tres por ciento – que encabeza la gran mayoría del consumo. Es este grupo el que necesita acceso a los progamas de tratamiento.

Según un estudio bastante conocido del Rand Corporation, un dólar gastado en tratamiento doméstico es tan eficaz en la lucha antidrogas como veintitrés dólares gastados en la interdicción en las zonas de producción. [Fuente]

Colombia también necesita reincorporar más de los elementos del primer plan Colombia, la versión de mil novecientos noventa y ocho.

Se necesita un mayor reconocimiento que la desesperación económica y olvido estatal son unos de los más grandes motores del conflicto.

Los programas de desarrollo alternativo tendrán que ser muchísimo más que esfuerzos de sustitución de cultivos. Tendrán que incorporar la construcción de infraestructura, y establecer instituciones locales capaces de brindar los servicios que una población tiene derecho de esperar de su estado.

Los programas de desarrollo alternativo tendrán que concertarse con las comunidades afectadas, en lugar de ser un ultimátum dictado desde arriba-- como los son actualmente.  Estos programas no tendrán éxito si son diseñados en unas oficinas en Bogotá y Washington. Las comundades mismas -- tanto los gobiernos locales como las organizaciones ciudadanas -- necesitan negociar y participar en su diseño.

Estos programas también tendrán que buscar soluciones productivas para aquellos que no tienen tierra. La población flotante de raspachines que depende de la economía de la droga también necesitará atención para que pueden establecer raíces y tener un incentivo para dejar de ser una población flotante.

También se necesitará una política clara y los recursos necesarios para ayudar al millón y medio personas que se han encontrado desplazados forzosamente en los últimos seis años.  En el último paquete de ayuda de Washington solo se incluyeron veintidós millones de dólares para ayudar a los ya desplazados, sin contar ayuda para los que se desplazarán del Putumayo.

Hasta cierto punto, tengo que reconocer la crítica lanzada con frecuencia en Estados Unidos, de que estos programas no pueden tener éxito en un ambiente de inseguridad.

Pero primero, como le he dicho anteriormente, dudo fuertemente que la estrategia actual pueda crear esas condiciones de seguridad.

Segundo, creo que uno de las mejores maneras de obtener el control territorial es por medio de proyectos de ayuda social. En un principio, se puede llevar a cabo pequeños proyectos pilotos. Si resultan exitosos, estos proyectos pueden tener un enorme efecto demostrativo, construyendo confianza en el estado en lugares donde nunca antes existía, y creando una fuerte voluntad de participar en futuros proyectos.

Aunque es importante establecer condiciones de seguridad, esto no se construye solamente por medio de las armas -- así solo llegará a una paz de muy corto plazo. Las condiciones de seguridad se construyen por medio de un estado de derecho-- que trata igualmente a todos-- y por medio de instituciones fuertes y capaces, tanto civiles como militares.

Es inevitable que un monto de ayuda militar será parte de esto. Pero esta ayuda militar no debe ser de grandes transferencias de armas--como las que ya estamos viendo. De hecho, no debe ser una parte grande de la ayuda desde el exterior que recibe Colombia. Las instituciones que son más débiles y necesitan más ayuda son las instituciones civiles.

La ayuda militar es riesgosa, y debe conllevar fuertes controles. Lo que se le de a Colombia debe condicionarse estrictamente al cumplimiento de los compromisos en derechos humanos que ya ha hecho el país. También, cualquier asistencia militar a Colombia debe darse de una manera extremadamente transparente. Ciudadanos estadounidenses y colombianos deben poder saber exactamente quiénes están recibiendo ayuda, y qué es lo que se les está dando y enseñando.

Adicionalmente hay que dar fin a la impunidad. La paz dependerá de una estrategia comprensiva en donde se rompan todos los lazos y se empiece a combatir el paramilitarismo.

Debo reconocer unos mejoramientos en esta área en las últimas semanas. Merecen elogios las detenciones en el Alto Naya, las detenciones de líderes paras en el Magdalena y el Catatumbo, y -- tal vez lo más importante -- los allanamientos recientes que hizo la Fiscalía y el ejército en Montería. Por primera vez, parece que los paras se están preguntando si deben seguir considerando al estado como su aliado. Eso es preocupante, pero es un buen paso -- la respuesta correcta es que bajo ninguna circunstancia el paramilitarismo debe considerar al estado como su aliado.

En la lucha antiguerrilla, también hay unos éxitos que merecen elogios. Tenemos que reconocer que en algunos casos, el ejército ha salido victorioso sin quejas por violaciones de derechos humanos. Hasta donde yo sé, no han habido denuncias sobre las operaciones en Sumapaz, la Operación Berlin, la Operación Gato Negro en Guainía, o la Operación Tsunami en Nariño.

Pero como dije, la impunidad para los que violan o colaboran con los paras sigue siendo el mayor obstáculo. Dentro de esto, hay unas tendencias muy desalentadoras, como son la nueva ley de seguridad nacional, y el caso de Mapiripan – entiendo que el General Uscategui ya está saliendo de la cárcel, mientras el Coronel Orozco, quien trató de denunciar el crimen – todavía queda tras las rejas.

Hablando del proceso de paz -- es importante no darse por vencidos y reconocer que esto será un proceso de muchos años.

Como el Plan Colombia, el proceso de paz también necesita y debe ser consultado con el pueblo colombiano. Este no puede seguir siendo manejado por un pequeño grupo cercano al presidente.  El gobierno debe utilizar al consejo nacional de paz y otras herramientas para así integrar al país en el proceso.

Los Estados Unidos debe hacer algo que le ha pedido el gobierno Colombiano: mantener contactos con la guerrilla mientras la guerrilla siga negociando con el estado colombiano.

Finalmente, admito que todo que he propuesto es caro. La paz no se logra de la noche a la mañana. Pero tampoco la guerra.

Colombia es un país grande-- esto no es Centroamérica. Unos cuantos cientos de millones de dólares desde el exterior pueden tener un impacto, pero este impacto nunca será decisivo. La respuesta radica en la contribución y los sacrificios que estén dispuestos de hacer los propios colombianos.

Un ejemplo es el cobro de impuestos. Como muestran estos datos del Banco Mundial, Colombia recoge menos impuestos, como porcentaje del Producto Interno Bruto, que casi todos los países del mundo occidental. Entiendo que esto tiene más que ver con el cobro incompleto que con las leyes tributarias. Pero el resultado es que esta situación no solo dificulta la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del estado -- también dificultaría la guerra. No crean ustedes en ningún candidato presidencial que les promete guerra integral. No tendrá cómo pagar el costo.

La corrupción endémica y la exclusión de los bachilleres del combate también son razones para dudar en el compromiso real de la clase dirigente colombiana. Esto es algo que no puede quedar en duda mientras Colombia está pidiendo tanta ayuda desde el exterior.

Para Colombia, la solución es de largo plazo. Cualquier política requerirá de años para comenzar a ver los resultados. Colombia tiene una amplia gama de necesidades que los Estados Unidos puede ayudar en satisfacer, pero la ofensiva en el sur de Colombia no es una de ellas.

El Plan Colombia y la ayuda estadounidense ya son una realidad. Tenemos que estar preparados para lo que viene.  Espero que tanto Colombia como los Estados Unidos en el futuro podamos aprender del error que estamos ya al punto de cometer.

Muchas gracias.

 

CIP in the Press